• El país cuenta con casi 11 millones de personas de la tercera edad, pero sólo tres millones están pensionados, dijo Leoncio Lara, investigador del IIJ de la UNAM
• Para el 2050, en la nación habrá unos 136 millones de habitantes; de ellos, 37 millones serán adultos mayores, pero la franja de jubilados difícilmente crecerá, sostuvo
• Con su investigación sobre el derecho de la vejez, busca estructurar un proyecto de prerrogativas de ese sector y los mecanismos para su ejercicio eficaz
• Para el 2050, en la nación habrá unos 136 millones de habitantes; de ellos, 37 millones serán adultos mayores, pero la franja de jubilados difícilmente crecerá, sostuvo
• Con su investigación sobre el derecho de la vejez, busca estructurar un proyecto de prerrogativas de ese sector y los mecanismos para su ejercicio eficaz
México cuenta con un régimen jurídico relativamente completo para la atención de los ancianos, pero utópico, porque no existen las políticas ni las acciones para generar programas específicos de atención a la salud, la educación y la participación política de ese sector, consideró Leoncio Lara Sáenz, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El especialista en derecho destacó que hoy día en el país, con una población de poco más de 110 millones, hay casi 11 millones de ancianos; sin embargo, sólo tres millones están pensionados.
En la actualidad, en la nación la edad para ser considerado anciano es de 60 años, y el promedio de vida de los varones es de 75 años, y el de las mujeres de 78, que aumentará con el tiempo por los avances médicos y los logros en medicinas y tecnología adecuada.
Se estima, agregó, que para el 2050 habrá unos 136 millones de mexicanos; de ellos, 37 millones serán adultos mayores, no obstante, la franja de jubilados difícilmente crecerá, porque no se estima suficiente la oferta de empleos y porque la edad de retiro será menor: 30 años de trabajo para los hombres, 28 para las mujeres, y 60 de edad en términos generales para ambos sexos en casi todos los tipos de empleo subordinado.
Indefensión en políticas de Estado
El catedrático de Técnicas de Investigación Jurídica del Posgrado de la Facultad de Derecho (FD) aseguró que la población anciana en nuestro territorio está protegida en materia jurídica, pero indefensa en lo que a políticas del Estado se refiere. "No sólo tiene las mismas garantías que los demás, sino que hay declaraciones internacionales que establecen que es un sector con derecho a autoafirmarse, autorrealizarse, participar en la vida política y en la propia solución de sus problemas".
Tenemos un buen orden jurídico: la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, incluso un Instituto de Protección a los Adultos Mayores en prácticamente todos los estados, entre otros. "El problema es cómo traducirlo a la realidad, cómo proporcionar empleo a una persona de 72 u 80 años, pues debe ser acorde a sus conocimientos y experiencia, pero también a su edad y capacidades".
El autor de más de 80 artículos en materia de metodología e investigación jurídica, educación superior y derechos humanos, afirmó que no hay mecanismos para mejorar la situación porque la atención a ese sector se centra en la asistencia social, que es esporádica.
"Hasta hora, los últimos gobiernos no se han dedicado con energía a este tema, se han consagrado a ofrecer otro tipo de cuestiones, como la seguridad, que es importante, pero el anciano requiere de mayor atención, y especializada".
Pérdida de capacidades
El ex defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM, comentó que el problema de ese sector es de adecuación a sus propias condiciones. En esta etapa poco a poco se pierden las capacidades, se gastan los órganos del cuerpo y se potencian los problemas de salud.
Además, acotó, aparece la discriminación. Si bien son sujetos de derecho, la edad les provee un factor de segregación; ya no son contratados, les niegan los créditos y sus tarjetas bancarias son canceladas.
En cuanto a educación, citó que en México sólo existe una universidad para este sector, "pero si alguien tiene un impedimento físico se le complica acudir, porque los salones están en el tercer piso. Además, no se ocupa a maestros jubilados para que realicen tareas de alfabetización, por ejemplo".
Se busca determinar cuáles son las políticas, las instituciones y los derechos con que cuentan los adultos mayores, y formar una especie de estructura de normas. Es un trabajo que forma parte de un convenio que el IIJ tiene con el Instituto Nacional de Geriatría, del sector Salud federal, apuntó el Investigador de la entidad universitaria.
La idea, afirmó, es establecer una trama de estudio y propuestas sobre su organización jurídica. Además, se deben analizar los esquemas de la salud en México, las normas nacionales y la ley de salud para estructurar un proyecto de derecho de la senectud.
El problema de ese sector es dejar de tener objetivos en la vida y no ser productivo. Muchas veces la gente que se retira joven sobrevive pocos años a su jubilación, pues si se carece de objetivos vitales sobreviene depresión, que deriva en hombres y mujeres enfermas, por lo que conviene alejarse de la misma, concluyó.
El especialista en derecho destacó que hoy día en el país, con una población de poco más de 110 millones, hay casi 11 millones de ancianos; sin embargo, sólo tres millones están pensionados.
En la actualidad, en la nación la edad para ser considerado anciano es de 60 años, y el promedio de vida de los varones es de 75 años, y el de las mujeres de 78, que aumentará con el tiempo por los avances médicos y los logros en medicinas y tecnología adecuada.
Se estima, agregó, que para el 2050 habrá unos 136 millones de mexicanos; de ellos, 37 millones serán adultos mayores, no obstante, la franja de jubilados difícilmente crecerá, porque no se estima suficiente la oferta de empleos y porque la edad de retiro será menor: 30 años de trabajo para los hombres, 28 para las mujeres, y 60 de edad en términos generales para ambos sexos en casi todos los tipos de empleo subordinado.
Indefensión en políticas de Estado
El catedrático de Técnicas de Investigación Jurídica del Posgrado de la Facultad de Derecho (FD) aseguró que la población anciana en nuestro territorio está protegida en materia jurídica, pero indefensa en lo que a políticas del Estado se refiere. "No sólo tiene las mismas garantías que los demás, sino que hay declaraciones internacionales que establecen que es un sector con derecho a autoafirmarse, autorrealizarse, participar en la vida política y en la propia solución de sus problemas".
Tenemos un buen orden jurídico: la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, incluso un Instituto de Protección a los Adultos Mayores en prácticamente todos los estados, entre otros. "El problema es cómo traducirlo a la realidad, cómo proporcionar empleo a una persona de 72 u 80 años, pues debe ser acorde a sus conocimientos y experiencia, pero también a su edad y capacidades".
El autor de más de 80 artículos en materia de metodología e investigación jurídica, educación superior y derechos humanos, afirmó que no hay mecanismos para mejorar la situación porque la atención a ese sector se centra en la asistencia social, que es esporádica.
"Hasta hora, los últimos gobiernos no se han dedicado con energía a este tema, se han consagrado a ofrecer otro tipo de cuestiones, como la seguridad, que es importante, pero el anciano requiere de mayor atención, y especializada".
Pérdida de capacidades
El ex defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM, comentó que el problema de ese sector es de adecuación a sus propias condiciones. En esta etapa poco a poco se pierden las capacidades, se gastan los órganos del cuerpo y se potencian los problemas de salud.
Además, acotó, aparece la discriminación. Si bien son sujetos de derecho, la edad les provee un factor de segregación; ya no son contratados, les niegan los créditos y sus tarjetas bancarias son canceladas.
En cuanto a educación, citó que en México sólo existe una universidad para este sector, "pero si alguien tiene un impedimento físico se le complica acudir, porque los salones están en el tercer piso. Además, no se ocupa a maestros jubilados para que realicen tareas de alfabetización, por ejemplo".
Se busca determinar cuáles son las políticas, las instituciones y los derechos con que cuentan los adultos mayores, y formar una especie de estructura de normas. Es un trabajo que forma parte de un convenio que el IIJ tiene con el Instituto Nacional de Geriatría, del sector Salud federal, apuntó el Investigador de la entidad universitaria.
La idea, afirmó, es establecer una trama de estudio y propuestas sobre su organización jurídica. Además, se deben analizar los esquemas de la salud en México, las normas nacionales y la ley de salud para estructurar un proyecto de derecho de la senectud.
El problema de ese sector es dejar de tener objetivos en la vida y no ser productivo. Muchas veces la gente que se retira joven sobrevive pocos años a su jubilación, pues si se carece de objetivos vitales sobreviene depresión, que deriva en hombres y mujeres enfermas, por lo que conviene alejarse de la misma, concluyó.
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